“Por una información veraz”, reza el lema que preside esta web.
“En el periodismo existe la verdad. A lo mejor no existe en filosofía o en religión, pero sí en este trabajo. La verdad está en los hechos, y lo que los periodistas deben hacer es averiguar y establecer la verdad que hay en lo que ocurre”, escribió y repitió hasta la saciedad en diversos foros Soledad Gallego-Díaz. También existe, en periodismo y en cualquier otra actividad, desde la política a la fontanería, la mentira. Y el error. Por eso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que “veracidad no es sinónimo de verdad absoluta o incontestable. Dado que la verdad material es a veces inalcanzable en el día a día del cierre periodístico, la justicia exige el cumplimiento de un deber de diligencia”, es decir que es necesario contrastar lo que se va a contar, comprobarlo mediante datos objetivos y fuentes fiables, diversas y autorizadas, y actuar de buena fe: no transmitir rumores, invenciones, insinuaciones maliciosas ni sospechas como si fuesen hechos probados.
También existe, legítimamente, lo que se conoce como “línea editorial”. De un vaso que contiene hasta la mitad un líquido incoloro, la línea editorial permite afirmar que está medio lleno o medio vacío. Incluso podría conjeturarse, si el contexto lo permite, que lo que contiene es agua, pero habría que comprobar que no es un licor destilado transparente. Pero no se puede asegurar que en realidad es una botella o que contiene vino tinto. A pesar del curioso concepto de los “hechos alternativos” que acuñó Kellyanne Conway, asesora y alta funcionaria del gobierno de Donald Trump, en una entrevista en 2017, los hechos –la realidad– son. Se pueden interpretar, contextualizar, darles mayor o menor importancia, pero no retorcer para que se conviertan en lo contrario.
Recientemente, un medio de esos que surgen como setas gracias al generoso abono de procedencia incierta tituló que “El gobierno oculta la información sobre una ayuda a Begoña Gómez”. Ni ese medio, ni los otros muchos que lo redifundieron se molestaron en leer la letra pequeña en la que decían de pasada que la Begoña Gómez que había recibido las subvenciones no era la esposa del presidente del Gobierno sino otra persona con el mismo nombre. El medio que publicó la “noticia” –y los que la redifundieron- no mentían. Podría decirse cínicamente que eran “económicos con la verdad”. O que seguían la vieja máxima del periodismo desfachatado: no dejes que la realidad te joda un buen reportaje. El titular, un click bait de libro, no era veraz, según la jurisprudencia del Constitucional y el sentido común más elemental.
Además de que lo digan el TC y el sentido común, todas aquellas personas que nos dedicamos a esto estamos sujetas a un código deontológico que nos obliga, entre otras cosas, a ser veraces (a no informar de algo que no hayamos comprobado de varias formas que sea verdad), y por supuesto, a no difundir mentiras (también, por cierto, a que lo que publicamos sea de interés público y general). Y si pese a ello, cometemos un error, a rectificar lo afirmado. Pese a ello, en los media españoles, las rectificaciones son tan raras como los unicornios. Detrás de la bandera de la libertad de expresión y la responsabilidad social —detrás de las banderas siempre se oculta algo— que enarbolan los editores y quienes los sustentan, lo que hay es el tratamiento de la información como un producto de consumo más. La bandera de la libertad de expresión suele llevar bordado ese lema de amplia raigambre hispana que es “Sostenella y no enmendalla”.
En la práctica totalidad de los países democráticos a los que estamos orgullosos de pertenecer, existen organismos profesionales independientes que velan porque se cumplan los códigos deontológicos de la profesión, con capacidad de sancionar, moral o ejecutivamente, los incumplimientos. Pero España históricamente, ha carecido de cualquier entidad a escala estatal -pero sí el CIC (Consell de la Informació de Catalunya, que vela por el cumplimiento de los códigos éticos y deontológicos, aunque no tiene potestad sanionadora- que vele por la libertad de prensa (el derecho de la ciudadanía a ser informada de forma veraz, y el deber del periodismo de hacer efectivo ese derecho). Ese derecho, como los otros propios de las sociedades modernas, ha llegado a trancas y barrancas. La autorregulación del periodismo en España ha estado y está en manos de los editores, en lugar de depender de los profesionales que, según varios estudios realizados sobre el asunto, confiesan sentirse cada vez más presionados por las empresas en la que trabajan.
Afortunadamente, como conclusión de una serie de reglamentos y directivas previas y de informes elaborados por grupos de altos estudios de la UE, el Parlamento Europeo aprobó en agosto de 2024 la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA, European Media Freedom Act), un reglamento que entró en vigor en agosto de 2025, y como tal, es de aplicación imperativa en todos los países miembros de la UE desde aquella fecha. La EMFA establece la obligación de crear en cada Estado miembro al menos un organismo que controle el cumplimiento de esa normativa. El Gobierno de España ha adjudicado ese cometido a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).
El ObsInfo nace de la decisión de personas y de colectivos profesionales que llevan años exigiendo que la información se rija por esas normas deontológicas y de investigadores y grupos académicos que analizan desde hace tiempo esos incumplimientos; así como por el conjunto de códigos y recomendaciones diversas para el tratamiento adecuado a situaciones delicadas y comunidades vulnerables de los diversos colegios de periodistas del Estado . El ObsInfo pretende ser un instrumento que aglutine esos esfuerzos de analizar las infracciones a la normativa y los ataques al derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y plural. En una doble vía: por una parte, constituyéndose como grupo de interés que comunique a la CNMC los incumplimientos de la EMFA, y por otra, recogiendo las denuncias que nos hagan llegar particulares o colectivos sobre lo que consideren un atentado al derecho a la información. Y darle la máxima difusión posible a todo ello. Al fin y al cabo, estamos hablando de periodismo.