La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto una sanción económica de cinco mil euros para El Salto, así como la obligación de censurar varios artículos en los que se destapaba la infiltración de policías en movimientos políticos y sociales. Lo hace tras haber desestimado nuestras alegaciones en primera instancia. Este es el cuarto en ser sancionado por los mismos hechos. Este verano, tanto La Directa, como Vilaweb y Diari de Balears, recibieron una sanción similar de la AEPD. En conjunto suman más de treinta mil euros, una cantidad considerable ponderando la facturación anual de cada medio.
La AEPD no cuestiona que las informaciones sean fidedignas y precisas, pero obliga a eliminar a los medios afectados todas las imágenes (a pesar de haber sido tratadas para dificultar su identificación) contra sus propias recomendaciones previas, las iniciales de los nombres verdaderos de los funcionarios, igualmente frente a sus criterios habituales, las identidades ficticias usadas por los agentes investigados e incluso las referencias a sus coartadas para infiltrarse (datos irreales y ajenos a protección alguna), así como la promoción en la que salieron licenciados de la Academia de Ávila y cualquier referencia sobre su pasado, formación, opiniones suyas o de sus familiares. “Esto implica mutilar los textos para impedir cualquier trazabilidad, cualquier elemento objetivo comprobable con el que se demuestra que estos agentes cometieron el ilícito espionaje”, explica Raúl Maíllo, abogado de El Salto.
Varios medios y profesionales se han solidarizado con las publicaciones sancionadas en un manifiesto titulado Por el derecho a informar y a conocer la actuación de los poderes públicos.
