El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía impulsó el procedimiento sancionador contra la Consejería de Hacienda y Administración Pública tras constatar una vulneración directa de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública
Los sucesivos Gobiernos de la Generalitat de Cataluña distribuyeron la publicidad institucional de forma arbitraria y clientelar. La Administración autonómica destinó en ese período un total de 95.387.760 euros a campañas publicitarias en medios, beneficiando de manera desproporcionada a cabeceras y cadenas con líneas editoriales afines
Un análisis elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona advierte que las políticas de publicidad institucional y comercial de la Administración General del Estado mantienen una constante opacidad en la distribución de fondos públicos a los medios de comunicación