A pesar de las exigencias contempladas en la Ley 29/2005 y de diversas resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los ministerios continúan denegando el desglose detallado de las partidas recibidas por cada medio de comunicación concreto, alegando motivos como la necesidad de una «reelaboración» de datos.
En paralelo a esta falta de fiscalización pública, los presupuestos destinados a la publicidad institucional se han disparado, pasando de 24,52 millones de euros en 2016 a una previsión de 158,34 millones de euros para el ejercicio 2022. Asimismo, el estudio documenta un claro cambio de tendencia en el reparto departamental: si en 2016 los ministerios de Interior y Hacienda concentraban casi el 80% de la inversión, en 2022 los departamentos de Asuntos Económicos y Transformación Digital junto a Igualdad lideran las partidas asignadas.
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