El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) impulsó el primer procedimiento sancionador de su historia contra la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía tras constatar una vulneración directa de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública. La intervención del órgano de control tuvo su origen en una denuncia registrada el 28 de octubre de 2016 por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se objetaba la ocultación en el Portal de Transparencia del Anteproyecto de Ley del Presupuesto autonómico para 2017 durante el trámite en el que fue remitido al Consejo Consultivo.
Aunque el CTPDA confirmó en su Resolución PA-3/2017 la infracción del mandato de publicidad activa y dictó posteriormente una resolución vinculante obligando a la propia Consejería a incoar el correspondiente expediente disciplinario, el proceso decayó sin consecuencias punitivas ni responsabilidades individuales. La instrucción interna, encomendada a una funcionaria del propio departamento investigado, concluyó en enero de 2018 la ausencia de dolo, culpa o negligencia en el retraso de la publicación. El posterior archivo del caso dejó al descubierto las limitaciones estructurales del modelo sancionador andaluz, donde la propia administración denunciada asume la investigación de sus faltas de transparencia.
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